Ya la política no puede escapar de la integración social con el mundo del entretenimiento en todas sus vertientes, incluyendo al gaming.
El mundo de los videojuegos se mantiene bajo un exhaustivo escrutinio de múltiples niveles en todas partes del mundo dentro de los ámbitos políticos. La manera usual de tocar el tema es con un exacerbado alarmismo con objetivos políticos.
Aunque en el caso de la Prefectura de Kagawa en Japón no se ha tratado, al menos, de una serie de excusas sin fundamento para acusar al gaming de haber sido la causa de un acto horrible, sino de un proyecto de ley controversial.
Presentada en la asamblea de Kagawa, los funcionarios presentaron una propuesta que busca limitar el tiempo dedicado al ocio de la ciudadanía a una hora a la semana y 90 minutos en los fines de semana.
Este criterio está dirigido a niños en edad escolar específicamente, hasta llegar a los 18 años de edad y se hayan graduado del sistema escolar del país. Todo esto con el objeto de atacar casos de adicción al internet y los juegos.
Caso repetido
Si esta medida suena familiar, es porque el gobierno de China ha implementado, de manera notablemente más arbitraria, una regulación similar en la que los menores de edad tienen acceso limitado a videojuegos.
La curiosidad del caso chino es que se da bajo el criterio de combatir las enfermedades de la vista causadas por el uso constante de pantallas, pero no por casos de adicción al juego en menores de edad.
En ambos países es llamativo que se tomen medidas de ese tipo, cuando el gaming es una de las industrias más solidas que han crecido en los últimos años. Destaca el hecho de que mucho de la cultura pop japonesa está apuntalada en los videojuegos desde hace más de 40 años.
¿Funcionará? Probablemente no. Se trata de un concepto sustentado en la necesidad de políticos de salir en las portadas más que en una visión de bienestar público, pero Japón es su propio mundo y habrá que esperar para ver.